El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Fabricio Luis Losi, concurrió hoy a la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, en su carácter de miembro de la comisión redactora del proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Provincia de La Pampa. Allí se refirió a algunos de los cambios introducidos, aunque remarcó que “el espíritu del Código no se cambia, más bien se fortalece su espíritu acusatorio” y agregó que se tendrá aún más en cuenta la opinión de la víctima en la resolución de los juicios abreviados.

“Cuando digo que se refuerza el espíritu acusatorio aludo a que la investigación fiscal preparatoria y la política persecutoria continuará estando en mano de los fiscales –expresó–. Lo que se propone con los cambios es reafirmar el rol de los jueces de control como directores del proceso y de los jueces de audiencia como terceros imparciales. En definitiva, el sistema acusatorio lo que propone es darle absoluta igualdad de armas a todas las partes”.

Otra de las modificaciones apunta a fijar un plazo razonable de no más de cuatro años en la duración del proceso penal. “Esa es una garantía convencional que surge de los pactos internacionales, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En nuestro país esa garantía siempre ingresó por vía pretoriana, es decir, en algunos casos a través de fallos de la Corte Suprema y en otros a través de fallos del Superior Tribunal de Justicia”, explicó Losi.

“A diferencia de otras provincias –acotó– lo que intentamos acá es regular ese plazo razonable. Por ejemplo, Chubut y Neuquén tienen normas muy taxativas, donde cumplido un plazo determinado deviene un sobreseimiento inmediato. Pero ello ha derivado en cuestionamientos, que están en la Corte Suprema, porque de tan taxativas que son pueden derivar en injusticias graves”.

“En el proyecto –indicó Losi– se fijó un plazo amplio de cuatro, al que casi nunca se llega, pero a partir de que una persona es formalizada o indagada por el Ministerio Público Fiscal. Y, además, deben darse otros requisitos, como demostrar que hubo inacción persecutoria o de los jueces, que se haya cumplido la mitad de la pena y que no se haya llegado a la instancia de juicio. No se trata de la aplicación de un plazo automático. No es que el día que se cumplen los cuatro años, fenece el proceso. Esos cuatro son, al menos, para que se llegue a juicio”.

Losi también habló sobre la ampliación de seis a doce años de prisión de la pena máxima que puede acordarse en los juicios abreviados. “Primero hay que decir que el abreviado es el proceso que más se utiliza en el fuero penal, ya que el 80 por ciento de las sentencias se dictan a través de ese procedimiento. Y si se propone llevar las penas hasta 12 años fue porque existió un requerimiento de todas las partes, o sea de las fiscales, de los defensores, de los querellantes y de las víctimas. Eso sí, se fijaron más exigencias en relación con las audiencias de juicio abreviado”.

En ese sentido, el presidente del STJ señaló que a través de fallos del máximo tribunal pampeano y del Tribunal de Impugnación Penal se habló de incrementar la oralidad, porque es lo que debe primar en el sistema acusatorio. “Cuando digo de fijar más exigencias me refirió a que habrá un mayor control en cuanto a la opinión de la víctima, que seguirá siendo no vinculante para la resolución de un juicio abreviado, pero que será fundamental”.

Juicios en el interior.

Por último, Losi fue consultado por la realización del primer juicio realizado en Victorica, a partir de la modificación del artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El ministro recordó que en algún momento hubo debates orales en localidades del interior (Rancul, Quemú Quemú y Colonia Barón), pero subrayó que oportunamente el STJ dictó una acordada recomendando que los juicios se organicen en los lugares donde se cometieron los hechos para, en otras cosas, evitar el traslado de los testigos.

Hoy, con este cambio en el artículo 55, se estableció “una regulación explícita” acerca de que los jueces de audiencias tienen competencia en toda la provincia y, específicamente, que los trámites recursivos de la Cuarta Circunscripción Judicial (Victorica), tanto ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil como para los juicios penales, dependen de la Segunda Circunscripción (General Pico).

“Ya hubo audiencias de ofrecimiento de pruebas a través de videoconferencias, se hicieron algunos debates en General Acha… esa es la tendencia y por eso seguimos avanzando en esa dirección. Incluso el proyecto prevé la implementación de la figura del colegio de jueces, que significa que todos los jueces puedan ser de control y de audiencia. Por eso no debería extrañar que empiecen a realizar más debates en Acha”.

A la invitación a Diputados asistieron, además, el ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Pablo Bensusán, también integrante de la comisión por el Poder Ejecutivo Provincial, y representantes en otros organismos que la componen, como el Ministerio Público, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, el Colegio de Abogados y Procuradores y la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa.

La propuesta de cambios al C.P.P. fue consecuencia de dos años y medio de análisis y trabajo, a partir de las conclusiones del monitoreo al sistema penal realizado en 2016.

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