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Los cinco ministros del Superior Tribunal de Justicia, encabezados por el presidente Hugo Oscar Díaz, mantuvieron una reunión protocolar con el gobernador Sergio Raúl Ziliotto, en la que conversaron sobre temas de interés común e iniciativas específicas del Poder Judicial para 2022.
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Carina Mariana Ganuza asumió hoy como defensora general sustituta del Ministerio Público de la Defensa, en lugar de Eduardo Luis Aguirre. El juramento le fue recibido por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Hugo Oscar Díaz, durante un acto celebrado en la Biblioteca del STJ.
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La capacitación en el manejo del sistema de subastas electrónicas, que el Poder Judicial pondrá en funcionamiento desde el 1 de abril, continuó hoy en General Pico.
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El Superior Tribunal de Justicia, a través de su presidente Hugo Oscar Díaz, firmó hoy con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un acuerdo complementario para seguir institucionalizando proyectos en materia de género, igualdad y diversidad. En su discurso, Díaz destacó como política pública las capacitaciones específicas que, en materia de género y violencia doméstica y familiar, están destinadas a los Juzgados de Paz.
La rúbrica se produjo durante un acto realizado hoy en el Palacio de Justicia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y se llevó a cabo una jornada de trabajo sobre políticas judiciales de género. Además se presentó la edición 2022 del Mapa de Género de la Justicia Argentina.
Allí, frente a ese auditorio, Díaz habló sobre el tema e hizo referencia a la creación en 2016 de la Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica, dependiente del STJ, y a las políticas institucionales –con perspectiva de género– que se vienen promoviendo para lograr una equidad e igualdad de género en el ámbito de las relaciones interpersonales.
En tal sentido, recordó la aprobación del Protocolo de intervención ante situaciones de violencia de género en el ámbito laboral del Poder Judicial, el acuerdo estableciendo la prestación de asistencia técnica interdisciplinaria de la OMyVD a los organismos jurisdiccionales, las capacitaciones en la Ley Micaela dentro y fuera del ámbito del Poder Judicial y el relevamiento de las sentencias con perspectiva de género, entre otras iniciativas.
En otro tramo de su alocución, Díaz remarcó que, dentro de esas políticas públicas, “el Superior Tribunal de Justicia, y más allá de otras actividades conjuntas, está fortaleciendo a los Juzgados de Paz (son 64 en La Pampa), capacitándolos específicamente en género y violencia doméstica y familiar porque en muchos lugares son el primer organismo que recepciona esta problemática, y a partir de una denuncia o de tomar conocimiento de este tipo de situaciones, entra en contacto directo con la Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica”.
El presidente del STJ estuvo acompañado en su exposición por la responsable de la OMyVD, Marien Cazenave, cuya oficina preparó la presentación con diapositivas –o power point– en la que se respaldó Díaz para dar detalles, ante los jueces de la Corte y sus pares provinciales, sobre el funcionamiento de la Oficina y las tareas e iniciativas que lleva adelante en forma diaria para erradicar cualquier tipo de discriminación y violencia contra la mujer.
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La ceremonia estuvo encabezada por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, a quien acompañaron el vicepresidente Carlos Rosenkrantz y el vocal Juan Carlos Maqueda y ministros de los Superiores Tribunales y Cortes de todo el país, ya que ellos también firmaron el acuerdo complementario.
El convenio que firmó Díaz es para fortalecer y profundizar las acciones conjuntas que la CSJN y los Poderes Judiciales provinciales vienen ejecutando en materia de investigación, capacitación, difusión y promoción, vinculadas al acceso a justicia de aquellas personas especialmente vulnerables. También para afianzar temas comunes, como la confección del Registro Nacional de Femicidios, el Mapa de Género, el cumplimiento obligatorio de la Ley Micaela y la formación de una base de jurisprudencia con perspectiva de género.
La Pampa es una de las cinco provincias que comparte con la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte el sistema de gestión que lleva adelante un registro estadístico completo de las personas asistidas.
El acuerdo, que tendrá una vigencia de tres años, contempla la cooperación para la implementación de proyectos sobre género, igualdad y diversidad; la puesta en marcha de herramientas que permitan atender del mejor modo a personas en estado de vulnerabilidad; y la suscripción de actas complementarias para otras actividades afines.
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