El Poder Judicial, a través del presidente del Superior Tribunal de Justicia, José Roberto Sappa, y la Asociación Cooperadora del Hospital Lucio Molas, por intermedio de su presidenta, Vilma Telvi Lobato, firmaron en el Archivo Judicial, ubicado en el Centro Judicial de Santa Rosa, un convenio con donación de cargo.

¿Qué significa ello? Que el Poder Judicial le entregó a la Cooperadora todos los expedientes de la I Circunscripción Judicial, con asiento en Santa Rosa, en condiciones de ser destruidos, para que dicha institución los recicle y pueda recaudar fondos para sus fines de bien público.

“Este no es el primer convenio que firmamos con la Cooperadora del Molas –señaló Sappa–. Anteriormente habíamos rubricado otro para que el producido por la compactación de los vehículos que están en las playas judiciales y en los puestos camineros sea destinado a ella y a la Cooperadora del Hospital Centeno, de General Pico”.

“En este caso se trata de un expurgue importante, de entre 50 y 100 toneladas de papel, que permitirá un ingreso para las cooperadoras de algo más de un millón de pesos. Se trata de expedientes de entre 1974 y 1999”, acotó el funcionario.

“Esta fue una decisión de los cinco ministros del Superior Tribunal de Justicia de buscar que la Justicia contribuya con su aporte al sistema de salud”, remarcó Sappa.

Más adelante, el presidente del STJ subrayó que esta iniciativa también colaborara con el cuidado del medio ambiente y que puede realizarse, y mantenerse en el tiempo, porque la Justicia llegó a una digitalización total de expedientes en todos los fueros, siendo la segunda provincia en conseguirlo. Un requisito que deberá cumplir la institución benéfica, cuando recicle el papel, es entregarle al Poder Judicial los certificados que emita el proveedor del servicio.

Cabe recordar que ayer, en General Pico, el Poder Judicial había firmado un convenio de similares características con las autoridades de la Cooperadora del Hospital Centeno.

Con respecto a la compactación de vehículos, y en el marco del Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (Pronacom), el STJ avanzó en los trámites administrativos para que se realice ese trabajo con unos 250 automotores y chatarras que están en las playas judiciales de Santa Rosa, General Pico, General Acha, Victorica y 25 de Mayo en los puestos camineros.

Se trata de vehículos secuestrados en causas penales durante la vigencia de la ley 332, es decir del Código Procesal Penal que rigió en La Pampa hasta 2010.

Al acto de hoy asistieron, además, la secretaria de Biblioteca, Archivo Judicial e Imprenta, Cecilia Paula Sáenz; la secretaria legal, María Soledad Sallaberry; y la abogada Vanessa Ranocchia Ongaro, en representación de la Cooperadora.