Funcionarios del Superior Tribunal de Justicia mantuvieron una reunión virtual con el director nacional de Investigaciones de Delitos Federales, Ignacio Rubén Mazzitelli, con el fin de avanzar a una segunda etapa del Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (Pronacom).

En la etapa inicial, cumplida en la primera quincena de febrero, el Poder Judicial compactó 330 toneladas de chatarras, correspondiente a vehículos y motos que estaban secuestrados desde hace más de diez años en las playas judiciales de Santa Rosa, General Pico, General Acha y 25 de Mayo. Lo recaudado por su venta será estimado a la Asociación Cooperadora del Hospital “Lucio Molas”.

En esta reunión se habló de firmar un nuevo convenio para replicar esas tareas en los puestos camineros, comisarías y municipios donde permanecen secuestrados automotores por órdenes judiciales. Por el STJ participaron de ella, la secretaria legal María Soledad Sallaberry y el secretario técnico Carlos Alvarado

La idea es trabajar en campo en forma conjunta con el Ministerio de Seguridad de la Provincia. Por eso el organismo formó parte de la videoconferencia a través del subsecretario de Seguridad Ciudadana, Agustín García, y del director general de Seguridad Vial, Fernando Funes.

Mazzitelli, funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación, junto a sus colaboradoras Valeria Caricatti y Paula Iandoli, evaluaron con Sallaberry y Alvarado cómo funcionó la primera etapa del Pronacom y resolvieron dar un paso más para extenderlo a otras dependencias donde aún permanecen en desuso una gran cantidad de vehículos.

De hecho, el gobierno provincial –por intermedio de Seguridad– formará parte del programa a través de las unidades que están en condiciones de ser compactadas en veinte localidades y para ello, cada una de esas comunas aprobó las ordenanzas correspondientes y envió esa documentación a Nación.

Desde allí se informó que una vez que se reciba y apruebe toda la documentación requerida, tanto al Poder Judicial como al Ministerio de Seguridad, se estaría en condiciones de iniciar los trabajos de compactación en menos de un mes.