Con el dinero recaudado, a través de dos programas institucionales del Poder Judicial, la Asociación Cooperadora del Hospital Lucio Molas pudo adquirir aparatología y bienes que fueron destinados a seis servicios del nosocomio.

La actividad mostró, una vez más, que la Justicia provincial trabaja diariamente para profundizar su vínculo con la sociedad pampeana, en este caso brindado un aporte al sistema de salud.

Con esos fondos, la Cooperadora compró tres laringoscopios de última generación, que fueron destinados a las Terapias Intensivas 3 y 4; y un cavitador odontológico inclusivo móvil, para personas con discapacidad que no pueden concurrir al hospital.

También adquirió seis estetoscopios doble campana para adultos; un software para Rehabilitación; una heladera para Neonatología para almacenar medicamentos; dos heladeras vidrieras, una para el Banco de Sangre para conservar plasma y otra para el CEAR para acopiar fármacos; una notebook y accesorios para Epidemiología, e insumos para los talleres de rehabilitación de pacientes post-Covid 19.

Oportunamente, el Superior Tribunal de Justicia firmó dos convenios con la Cooperadora. Uno,  para entregarle el papel de los expedientes de la Primera Circunscripción Judicial que estaban en condiciones de ser destruidos; y otro para donarle la recaudación por la venta de chatarra, correspondiente a vehículos y motos que estaban secuestrados desde hace más de diez años.

La presidenta de la institución, Vilma Lobato, agradeció los aportes del Poder Judicial y destacó lo útil que fueron ya que “hace dos años, que como consecuencia de la pandemia, no podemos organizar acontecimientos tradicionales para recaudar dinero y seguimos adelante solo con la cuota anual, la ayuda de los socios protectores, el buffet solidario que funciona en el Molas y, fundamentalmente, la buena voluntad de la gente”.

Dos convenios.

Por el primer convenio, la Justicia le entregó a la Cooperadora el papel de expedientes acumulados entre 1974 y 1999, que estaban en condiciones de ser destruidos, y la institución los recicló y los vendió. Por el segundo, se le entregó el dinero por la venta de 330 toneladas de chatarra, correspondiente a la compactación de vehículos en las playas judiciales de Santa Rosa, General Pico, General Acha y 25 de Mayo.

Ello se realizó a partir de una iniciativa del STJ, que concluyó con la rúbrica de un acuerdo con el Ministerio de Seguridad de la Nación para participar –a costo cero– del Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (Pronacom). Esa tarea fue organizada por la secretaria legal María Soledad Sallaberry y el secretario técnico Carlos Alvarado y ya se está pensando en ampliarlo a una segunda etapa.

La Asociación Cooperadora funciona ininterrumpidamente desde hace 62 años y, junto a Lobato, forman parte de la comisión directiva, la vicepresidenta Teresa Vélez de Espina, la secretaria Mónica Quinteros y la tesorera Marisa Domato, entre otras autoridades (foto).

“La verdad es que en estos últimos tiempos nos mantenemos activas por la buena voluntad de la gente, porque nos vimos impedidas de organizar el té del 25 de Mayo, el concierto anual en el Teatro Español, la rifa provincial y el cóctel de primavera; todos eventos con los que estábamos acostumbrados a recaudar fondos para el hospital”, destacó Lobato.

Esta vez, esa ayuda llegó no solo de la Justicia provincial; sino además del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público Fiscal, el Colegio de Escribanos, donaciones familiares e instituciones intermedias y firmas privadas.