El Poder Judicial y el Ministerio de Educación de La Pampa firmaron un convenio de cooperación para que estudiantes secundarios con discapacidades realicen prácticas en el ámbito judicial, con el fin de “fortalecer sus procesos formativos y facilitar su posterior inserción en el mercado laboral”.
El acuerdo marco fue rubricado por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Hugo Oscar Díaz, y el ministro de Educación, Pablo Daniel Maccione, en un acto celebrado en la Biblioteca del organismo, y en el marco de una política institucional de la Justicia de permanente vinculación concreta con los distintos sectores de la sociedad pampeana.
Allí, además, estuvieron presentes la ministra Elena Victoria Fresco, los ministros José Roberto Sappa y Eduardo Fernández Mendía; la subsecretaria de Educación, Marcela Feuerschvenger; el director general de Transversalidad de la Educación Inclusiva, Ladio Damián Scheer Becher; la coordinadora de Educación Inclusiva, Ana Bertaina; la directora de la Escuela de Apoyo a la Inclusión N° 1 “Frida Kahlo”, Alejandra Cueto; y la directora de la Escuela de Apoyo a la Inclusión N° 2 “Wengan”, María Virginia Rubio Mondragón.
El convenio –que tendrá una vigencia de dos años, con opción de renovarlo– está destinado a alumnos/as secundarios que reciben apoyo de escuelas y/o servicios educativos de apoyo a la inclusión. Deberán tener más de 16 años y no haber egresado del nivel medio. Las designaciones surgirán a partir de un listado que Educación le remitirá al Poder Judicial.
Los/as estudiantes realizarán lo que se denominan prácticas educativas no rentadas, con el objetivo de “fortalecer sus procesos formativos, con el propósito de facilitar su posterior inserción en el mercado laboral”.
Además se buscará que ellos/as desarrollen a través de esas prácticas, “la profundización y recreación de capacidades, conocimientos, habilidades y destrezas vinculadas con el trabajo y la producción adquiridos en su proceso formativo; así como la adquisición de nuevas capacidades, en un contexto de trabajo concreto”
Otros fines son que se familiaricen “con el ambiente laboral, tomando contacto con la operatoria, actividades y forma de organización del trabajo” del Poder Judicial; y que se promueva su inclusión “en grupos sociales y en situaciones de trabajo que les permitan desarrollar y afianzar la capacidad laboral en equipo, la responsabilidad y el cumplimiento de pautas”.
Planes individuales.
Díaz destacó la importancia del acuerdo, instó a ponerle en funcionamiento en forma inmediata y se mostró confiado en los resultados de la iniciativa.
En tal sentido, vale remarcar que el texto prevé que el Poder Judicial designará a un miembro propio como apoyo a los/as estudiantes, brindándoles orientación y asistencia; y lo hará conjuntamente con el tutor/a (docente o profesional) que designen las escuelas donde cursan sus estudios. Ambos diseñarán un plan de trabajo para individual, “atendiendo las capacidades propias y a desarrollar, relativas a su vinculación con los aspectos laborales específicos”.
De esa manera se les darán a los alumnos/as secundarios con discapacidades una serie de herramientas que les faciliten la transición desde la escuela hacia el mundo del trabajo y a estudios superiores.
Cabe recordar, que en año pasado, el Programa de la Unión Europea EUROsociAL+ realizó un estudio sobre educación inclusiva y concluyó que La Pampa es la provincia con el mayor índice de estudiantes con discapacidad incluidos en escuelas de nivel.
